miércoles, 26 de octubre de 2016

Desmantelamiento del sistema público de pensiones.

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT
La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada con todas las fuerzas políticas y los sindicatos CC.OO y UGT, más la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto: la primera, una rebaja –media- en torno al 20%, mientras que la reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15% por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.
Aún a pesar de estas rebajas significativas y, en consecuencia, un menor gasto, las cuentas de la Seguridad Social (que tienen presupuesto propio) vienen reflejando déficit contable (ingresos – gastos) a partir del 2011, situándose a finales del 2015 en 16.707 millones de euros.
Dicho déficit conlleva un apalancamiento de las políticas de consolidación fiscal, siendo uno de los factores en las cuentas generales del estado español, que desvía los compromisos con Bruselas, enfrentándose dicho estado al siguiente dilema: o bien aplicar recortes en el gasto (se baraja la cifra de unos 14.000 millones de € en los ejercicios 2016 y 2017), o bien subir los impuestos directos y/o indirectos para obtener mayores ingresos.

La descapitalización de la Seguridad Social

El que se haya tenido que tirar del Fondo de Reserva (la llamada “hucha” de las pensiones), no obedece sino a la grave caída de los ingresos vía cotizaciones (empresariales y trabajadores/as), a los mayores gastos del Estado al tener que abonar las cotizaciones en situaciones de desempleo (el cual se incrementó de manera espectacular a partir del 2011 y hasta el 2013), a los menores ingresos por cotizaciones dada la devaluación masiva de los salarios que se pagan a los nuevos contratos a partir de la reforma laboral del 2012 y al mayor gasto de las y los pensionistas que acceden a la situación de jubilación en estos años.
Los factores que explican la desposesión, el robo y el camino al desmantelamiento de nuestro sistema público de Pensiones:
  1. En primer lugar nos encontramos que la gran destrucción de puestos de trabajo, las horas extraordinarias no pagadas y en consecuencia no declaradas y los contratos precarios, suponen una minoración de ingresos de 32.966 millones de euros.
  2. El mercado de trabajo: el empleo nuevo que se genera, sus precios salariales por debajo de los 750€ y las cotizaciones de éstos, ha entrado en un campo lleno de minas, que hace crecer el ingreso respecto a los gastos, en tasas negativas. Es decir, se ingresa casi 2 puntos menos de lo que se gasta en prestaciones, mensualmente. Las Tarifas Planas y las exenciones de cotización empresarial (exención de cotizar hasta los 500€), además de las bonificaciones al empleo, permite dejar de ingresar 1.500 Millones de €.
  3. La otra gran sangría es el mantenimiento de los topes máximos de cotización y las rentas salariales que se exoneran de cotizar, que ascienden a la friolera de 26.775 Millones de €.
  4. Y, en el mismo sentido no reformador de todos los gobiernos, es la no equiparación de las bases medias de cotización entre el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y el Régimen General, que sustrae otros 7.000 Millones de €.
  5. Las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social han supuesto 21.106 millones de ahorro a las empresas, a cambio de crear empleos precarios, inestables y baratos.
  6. El recorte en la Ley de Dependencia ha supuesto, en cuatro años, desde que el PSOE “despidió” a cientos de miles de cuidadoras/es, la pérdida de 4.109 millones de euros en cotizaciones.
Las personas, todas: las pensionistas actuales y los millones de personas que accederán a pensión antes o después, tenemos la obligación moral y material de impedir que nos sigan robando y desposeyendo esteDerecho Esencial para una vida digna: la pensión pública suficiente para todos y todas.
La MOVILIZACIÓN y el CONFLICTO SOCIAL es la única garantía de nuestros Derechos.
Porque TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS, llamamos a toda la clase trabajadora y a la mayoría social a la MOVILIZACIÓN.

STOP - TTIP, CETA y TISA


Día internacional contra las violencias machistas


lunes, 3 de octubre de 2016

La CGT contra los robos de Bankia


La CGT está personada como acusación en el juicio por las tarjetas de Bankia, que se ha iniciado el día 26 de septiembre en la Audiencia Nacional

La organización anarcosindicalista espera que los directivos y los representantes en la entidad de los partidos y los sindicatos implicados respondan por la apropiación indebida de fondos de Bankia a entidad bancaria, así como de la aplicación de un ERE que ha significado el despido de cientos de trabajadores de la entidad,
COMITÉ CONFEDERAL DE CGT
Este 26 de septiembre se ha iniciado en la Audiencia Nacional el juicio por las tarjetas 'black' de Bankia, que sienta en el banquillo de los acusados a 66 exconsejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, entre ellos sus respectivos presidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre uno y seis años de cárcel por delitos de apropiación indebida, así como diversos representantes de los partidos políticos y de los sindicatos CCOO y UGT en la citada caja, que en conjunto se gastaron con las tarjetas negras más de 15 millones de euros.
La Confederación General del Trabajo (CGT) va a actuar en esta causa, por fin y tras varios años intentando personarse y debiendo recurrir a numerosas instancias para obtenerla, como acusación popular, bajo representación y dirección letrada propia, que está siendo asumida por el abogado del gabinete jurídico confederal, Raúl Maíllo. Tras nuestra personación efectiva en la pieza principal del procedimiento hemos podido participar en el pasado mes de julio en todos los interrogatorios, tanto de peritos, testigos encargados del órganos supervisor, o de la CNMV, y los investigados, tanto el representante de la auditora Deloitte, como del socio auditor de dicha firma encargado de Bankia, en relación a su labor auditora y la salida a bolsa de la entidad. Tras el inicio este 26 de septiembre, las sesiones tendrán continuidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
La CGT tiene representación e implantación en las entidades donde se han producido los hechos objeto del procedimiento, por lo que ha venido denunciando públicamente y ante los organismos correspondientes todo el oscuro proceso que se ha dado en Bankia (antes de la fusión, Caja Madrid y Bancaixa). Nuestro sindicato considera que han sido las plantillas de dichas entidades las perjudicadas en un doble sentido: como empleados y empleadas que sufrieron las consecuencias de la reestructuración del sector con múltiples despidos (mediante un polémico ERE firmado por toda la representación sindical, excepto CGT) y padeciendo dichas condiciones, y también como ciudadanía que ha sido objeto de conductas carentes de toda ética por parte de una minoría, que ha aplicado políticas antisociales e indiciariamente delictivas hacia el resto una sociedad que reclama, cuanto menos, un resarcimiento de todo el daño causado.
Pese a que hace relativamente poco tiempo que se nos reconoce nuestra condición como acusación en esta pieza separada, vamos a exigir que se repare el daño causado, que los responsables no eludan la acción penal y que se desenmascare a quienes han llevado a que toda la sociedad haya pagado colectivamente las deudas generadas por sectores minoritarios, defendiendo también, los derechos de las y los trabajadores que fueron despedidos en una salvaje reestructuración del sector financiero, con la aplicación del citado ERE.
La CGT se ha personado como acusación particular en este caso por entender que en el mismo hay graves responsabilidades de los antiguos directivos de Bankia, que no sólo se llevaron enormes sumas de dinero, mediante las famosas tarjetas blacks y otras argucias, así como de los partidos y sindicatos, supuestamente de izquierdas, que en lugar de depurar responsabilidades han seguido manteniendo en cargos orgánicos a varios de los acusados de apropiación indebida de fondos de una entidad rescatado con fondos públicos.